Alrededor del 80% del comercio mundial por VOLUMEN y más del 70% del comercio internacional por VALOR se realiza por vía marítima.
El confinamiento mundial de 2020, los paros en las líneas de producción de todo tipo de industrias, las incontables afectaciones y cierres de tantas PYMES, contenedores rezagados en tierra en todas partes del mundo esperando a ser cargados o descargados, la disminución en las exportaciones, el bloqueo del Canal del Suez, una tercer ola de COVID-19 y, por supuesto, la reducción de barcos de las navieras, son sólo las razones más representativas por las cuales se ha experimentado una gran escasez de contenedores y un incremento tremendo en las tarifas del transporte marítimo.
Frente a este escenario mundial, la poquísima disponibilidad de equipos, una demanda en aumento de las cadenas de suministro y unas tarifas que parecen no tener tope, varias asociaciones y algunos mandatarios han levantado la mano animando a Comisiones nacionales e internacionales a buscar alguna forma de prohibir las prácticas injustas e irrazonables por parte de las navieras.
Tal es el caso – por ejemplo – del Presidente de los EE. UU., Joe Biden, quien publicó una Orden Ejecutiva tendiente a generar una mayor fiscalización a navieras, pretendiendo tomar algunas medidas antimonopolio y regular los recargos excesivos por demoras, aumentos de tarifas y falta de disponibilidad (capacidad).
No podemos pasar por alto que las navieras “juegan con sus propias reglas”: exenciones antimonopolio, un limitado alcance de las leyes de transporte marítimo nacionales y, por si lo anterior fuera poco, el tiempo que aun le queda a la pandemia del COVID-19, principal originadora de la situación que hoy en día vivimos.
Sin embargo, me parece que la Orden Ejecutiva de Biden es una medida ejemplar que todos los países debiéramos adoptar en lo público y lo privado cuando antes, pues si no es UNIDOS y si no es ACTUANDO, ¿cómo van a cambiar, algún día, las reglas de este juego?
